El informe emitido por el Defensor del Pueblo foral da la razón a las quejas y peticiones presentadas a principios de noviembre por el grupo Salvemos el Ega sobre la legalidad de los pozos de extracción de agua que la Mancomunidad de Montejurra tiene en Mendaza.
Así, de la información recabada por el organismo se concluye que las obras de los pozos de Mendaza se están ejecutando sin la autorización preceptiva por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y además, se constata que las obras de ejecución de los nuevos pozos se están llevando a cabo sin tener la correspondiente licencia urbanística municipal de Mendaza, ya que en su momento el proyecto que lo regula no fue declarado de interés general por lo que es obligatorio tenerlo. Asimismo, el informe recuerda al Departamento de Medio Ambiente el deber que tiene de velar por el cumplimiento del Proyecto Sectorial aprobado por el Gobierno de Navarra en 2012.
La institución que encabeza Javier Enériz avala otra de las peticiones hechas por Salvemos el Ega como es la realización de un estudio sobre los recursos hidrológicos de los acuíferos de Lokiz y Valdega y del caudal ecológico del río Ega que puedan ser afectados por la ejecución del proyecto de abastecimiento de agua a Viana y a la Ribera de la Mancomunidad de Montejurra. Este estudio, según el grupo ecologista, debería haberse hecho antes de empezar a ejecutarse el PSIS que regula los pozos y, también, durante la ejecución del mismo.
En relación a todas las carencias técnicas y legales detectadas, el Defensor del Pueblo foral establece un plazo de dos meses para que tanto el Departamento de Medio Ambiente, la Mancomunidad de Montejurra y el Ayuntamiento y Concejo de Mendaza comuniquen al organismo su aceptación de los deberes legales y la adopción de las medidas señaladas para subsanarlo.
En este sentido, hay que recordar que los informes emitidos por el Defensor del Pueblo no tienen carácter vinculante para la Administración y los organismos aludidos, aunque los perjudicados tiene la posibilidad de emprender acciones por la vía judicial.
- Además de las peticiones atendidas por el Defensor del Pueblo, el escrito de queja presentado también solicitaba analizar las responsabilidades derivadas del uso de fondos públicos en la construcción de los pozos, aunque en el informe no se da ninguna recomendación sobre este tema. Otro aspecto señalado son las consecuencias ecológicas que puede tener la extracción de agua en los acuíferos de la zona, en la fauna piscícola y en los Lugares de Interés Comunitario de los ríos Ega y Urederra, que van a ser declarados próximamente Zona de Especial Conservación de la Red Europea Natura
Por último, en el informe se recuerda a las Administraciones implicadas que la no aceptación de los recomendaciones puede provocar la inclusión del caso en el informe anual que el Defensor del Pueblo presenta al Parlamento.
Fondos Públicos. En el escrito presentado ante el Defensor del Pueblo por la Asociación Salvemos el Ega también se solicita analizar las posibles responsabilidades del uso de fondos públicos para construir los pozos, así como estudiar sus consecuencias en una zona incluida en la Red Natura 2000.
